ORBITA HUAMALIANA

DOMINGO, 5 DE OCTUBRE 2025

DOMINICAL

Opinion

Antamina y la “extorsión” disfrazada de ambientalismo

POR: Ivan Arenas

Lo que en realidad ocurre es que tanto el asesor como algunos de los dirigentes estarían utilizando las banderas del ambientalismo y la contaminación para desarrollar una guerra contra Antamina y cuyo verdadero fin es recibir un millonario pago.

Semanas atrás un grupo de ciudadanos de la comunidad de Huaripampa en el distrito de San Marcos en Áncash, liderados por su presidente Roger Ariza Brioso y su “asesor” Duberly Pintado intentaron entrar de manera violenta a diversas áreas operativas del campamento pero a pesar que no pudieron concretar sus objetivos, han hostigado de manera permanente tanto a trabajadores como quemado los equipos de transporte.

¿Qué sucede?

Los dirigentes de la comunidad denuncias una usurpación no obstante no existiría debido a que la empresa minera ha firmado sendos acuerdos con la comunidad sobre el uso, la posesión y la propiedad de alrededor 180 hectáreas. Asimismo, tanto el asesor Duberly como el propio presidente de la comunidad aducen “contaminación” y “afectaciones” sociales y ambientales en el agua, el suelo y en la salud de los niños; a pesar que ninguna institución avala semejante denuncia.

Lo que en realidad ocurre es que tanto el asesor como algunos de los dirigentes estarían utilizando las banderas del ambientalismo y la contaminación para desarrollar una guerra contra Antamina y cuyo verdadero fin es recibir un millonario pago. De acuerdo a los propios interesados, están exigiendo más de 30 millones de dólares de pago por el “mal uso” de la propiedad comunal.

 No es la primera vez que Duberli Pintado cumple la función de asesor porque lo mismo hizo con otra empresa minera aledaña a la que también exigió una “reparación” económica para dejarlos trabajar.

Lo que en realidad sucede en Huaripampa y en Antamina es que una organización liderada por el presidente Roger Ariza Brioso intentaría extorsionar a la empresa minera con el relato de la contaminación que sin embargo, como dijimos líneas arriba, no existe. Y que no cumplir con las exigencias -los 30 millones de dólares- bloquearían y tratarían de tomar la operación minera, incluso de manera violenta.

Causa asombro que tanto la Presidencia del Consejo de Ministros como el Ministerio de Energía y Minas y las autoridades del Ministerio del Interior apenas se hayan preocupado de semejante plan para paralizar una de las empresas mineras más importante que dicho sea es el gran motor de la economía ancashina.

FUENTE: Rumbo Minero