ORBITA HUAMALIANA

Jueves, 1 de noviembre 2018

 Muchas veces el poder envelece a las personas, cuando ello se transforma en sobervia se hace incontrolable ,en este ocaso de FP, no queremos hacer leña del árbol caido,  no deseamos a nadie caer en esta desgraqcia, pero nos debe servir de reflexión, específicamente a nuestra clase política

Keiko Fujimori recibe 36 meses de prisión preventiva

Después de una semana y desde las 9 a.m. el juez Richard Concepción Carhuancho leyó este miércoles la resolución al pedido de prisión preventiva que solicitó el fiscal José Domingo Pérez . En la sala del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria se encontraba la lideresa de Fuerza Popular y las 10 personas vinculadas al partido y acusadas de lavado de activos.

Durante la lectura, Concepción Carhuancho señaló que los aportes de la constructora Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011 se hicieron a cambio de que se les garantizaba favores políticos.

De acuerdo a la resolución del juez Concepción Carhuancho “Odebrecht habría corrompido a candidatos para obtener beneficios indebidos y mantener negocios en el mundo, siendo uno de ellos actos de corruptela a candidatos en el Perú”.

El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria citó los testimonios de Jorge Barata y otros directores de la empresa brasilera donde señalan que se aportó “un millón de dólares” a favor del partido Fuerza 2011.

Tras haber escuchado los alegatos del fiscal Juan Domingo Pérez y de Guiliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, el juez Concepción Carhuancho señaló que existe “una sospecha grave” de que la investigada participó en actividades delictivas relacionadas al lavado de activos.  Para Richard Concepción Carhuancho hay evidencias de que “una cúpula de la organización criminal” comenzó a funcionar dentro del partido de manera paralela”.

En la última semana, IDL Reporteros publicó una serie de conversaciones de WhatsApp del grupo llamado “La Botica”. Las personas que intercambiaban mensajes aquí son Keiko Fujimori, Pierre Figari y los principales congresistas de la bancada de Fuerza Popular. Para Concepción Carhuancho esta es otra evidencia de que la lideresa era la clave para la toma de decisiones de esta agrupación política.

 

Silva Checa al Final del Túnel

Aún en el Perú, difícil encontrar un precedente. Keiko Fujimori se encuentra cerca de irse a la cárcel por 36 meses bajo la figura de prisión preventiva. La maratónica audiencia en la que el juez Richard Concepción Carhuancho definirá la solicitud del fiscal José Domingo Pérez continúa a lo largo de esta semana.

Fiscal José Domingo Pérez. Aportes no son delito pero se encontró la vía del lavado y organización criminal.

Al cierre de edición, el fiscal jefe del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, se preparaba para asistir el martes 30 a la audiencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones que decidirá si aparta de la investigación a la segunda Sala, que anuló la detención preliminar contra Fujimori. Una de sus integrantes, Jessica León, es señalada por sus vínculos con los encarcelados César Hinostroza y Walter Ríos. Keiko recusó a Concepción y Vela busca a como dé lugar mantenerlo hasta el final de la audiencia de prisión preventiva.    

En medio de la tensión, Vicente Silva Checa se ha convertido en el símbolo más poderoso del ocaso de Keiko. Para el fiscal Pérez, su presencia es el nexo con el montesinismo de viejo cuño. La bisagra que demuestra que la mafia tiene know how y continuidad.

Solo en los últimos días Silva Checa se convirtió en pieza clave del engranaje fiscal. No estuvo en la primera lista de 19 detenidos preliminarmente el 10 de octubre, investigados por su participación en el aporte y “pitufeo” de US$ 1 millón de Odebrecht para la campaña del 2011, sino que cayó cinco días más tarde, cuando también fueron detenidos los súper asesores Pier Figari y Ana Herz.

Según describió el fiscal en la audiencia el viernes 26, “la organización paralela, la que controlaba las decisiones, estaba compuesta por él, como un asesor en las sombras”.

El Testigo Protegido 2017-55-3 es, todo así lo indica, el congresista Rolando Reátegui. En su manifestación reveló que el primer círculo de poder de Fuerza Popular lo componen, además de Keiko, los tres asesores.

Solvente y articulado, el abogado Silva Checa ha respondido en las audiencias y un round de medios, que el fiscal se equivoca. Reconoce una participación reciente –dice que como asesor de los penalistas de Keiko– pero apenas una reunión sobre la inscripción del partido el 2011.

En el allanamiento a su casa la Fiscalía encontró un documento de estrategia legal de Fujimori con el membrete del estudio de su abogada Giuliana Loza, amiga de Silva Checa, y otro que la comisión Lava Jato envió a la supervisora Cesel sobre su rol en algunas de las obras más cuestionadas de Odebrecht. Silva Checa sostiene que la empresa le realizó una consulta. Hoy también gerencia una agroexportadora.

COIMA CANAL
El momento rutilante de Silva Checa llegó con el vladivideo de 1999 en el que Montesinos le apila experto en un maletín US$ 2 millones en cash. La farsa era la compra del 75% de Cable Canal de Noticias (CCN) para convertirlo en adicto a la re-reelección. Silva Checa fue “intermediario” del Ministerio de Defensa y adquirió las acciones de Eduardo Calmell del Solar y Manuel Ulloa Van Peborgh, socios en el diario Expreso. 

Califica su papel como “un error que pagué muy caro” y asegura que no ganó un cobre. Estuvo preso 29 meses y con arresto domiciliario otros 11. Este se convirtió en el “caso madre” del desvío de fondos de los institutos armados al SIN. Silva Checa enfrentó un juicio por peculado, que prescribió.

Pero en 2009, una década después de la venta, la Procuraduría que dirigía Pedro Gamarra detectó que el estudio de abogados de Silva Checa funcionaba en el local de CCN, parte de las acciones festinadas, y que además alquilaba a terceros una parte del inmueble. El Estado tomó la posesión.
Silva Checa conocía el tinglado. No podía ignorar que una transacción como aquella era un delito.Ulloa murió en 2010, Calmell en 2014.

En el portal pro libre mercado Lampadia, Silva Checa publicó un texto en memoria del recientemente fallecido exministro del MEF fujimorista, Carlos Boloña.

Ambos eran de la misma edad pero Silva Checa estudió en el colegio Humboldt y Boloña en Santa María. Contó que su padre, subjefe de la Oficina Nacional de Integración en el gobierno militar donde trabajaba Boloña, lo apoyó para que hiciera su doctorado en Oxford.

Silva Checa militó en Acción Popular y asesoró a Fernando Belaunde en su segunda gestión. Cuando Juan Carlos Hurtado Miller asume como PCM y MEF los convoca a ambos, Boloña y Silva Checa. El primero relevó a Hurtado en el MEF y Silva Checa pasó a ser su consejero legal.

Asesoró a Jaime Yoshiyama en el proceso de privatizaciones y a Carlos Torres y Torres Lara en la redacción de la Constitución de 1993. En 1994 hizo lo propio con el premier Efraín Goldenberg y los documentos de la paz con Ecuador. Dos años más tarde volvió a asesorar a Yoshiyama en el Ministerio de la Presidencia.

LABERINTO CANERO
Estos casos exponen el laberinto del sistema judicial peruano. Un juez “canero” como Concepción Carhuancho solo está en la etapa de la investigación preparatoria. Es decir, puede mandar por 36 meses a la cárcel a personas que aún no están denunciadas, pero esa parte del proceso la conocerá otro juez.

Los aportes de campaña no declarados no son penalizados en el Perú. Si bien, como lo recordó el exministro Walter Albán, esto debería cambiar con el referéndum del 9 de diciembre, hoy por hoy se trata de una falta administrativa que se puede castigar apenas con el retiro del financiamiento público de partidos, recién vigente desde el año pasado.

Aplausos. La coreografía incluía votaciones y en qué momento pararse a aplaudir. Propuesta de referéndum los descolocó. Se nota en nivel del debate. Esperaban un presidente sumiso y la apuesta salió cuadras.

Con el caso Odebrecht, sin embargo, el Ministerio Público llegó a la fórmula del crimen organizado y el lavado de activos.

El fiscal Domingo Pérez encuadra su temible acusación en el acuerdo de lenidad que la constructora brasileña firmó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Allí, la estructura mafiosa de coimas por obras tiene un acápite en los aportes de campaña a partidos y políticos, sobornos a priori en caso los candidatos lleguen al poder.

Pero comprobar que los políticos supieran que la plata era mal habida –condición esencial para configurar el lavado– es un punto débil de la estrategia fiscal.  

Varios juristas han cuestionado la figura forzada, pues considerar que un partido es una organización criminal –o ha sido cooptado por esta– va contra el soporte mismo de la democracia. El proyecto de ley que acaba de presentar el aprista Jorge del Castillo va en la dirección de prohibir el enfoque organizativo a la hora de investigar estos casos y volver a uno de responsabilidad penal individual.
Por el momento, la Corte Suprema –vía la casación que perdió Fujimori– acaba de ratificar que para estos casos sí aplica la ley del crimen organizado.

Sobre la materia no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Pero sí sobre el abuso de la detención preventiva. Lo hizo con Ollanta Humala y Nadine Heredia, también con los socios peruanos consorciados con Odebrecht.

Fuerza Popular, Keiko incluida, celebró la carcelería de Humala y Heredia. Luego el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se fue contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, porque los fujimoristas lo acusaron de arrastrar los pies con las consorciadas. Un claro objetivo era llevar a la cárcel a los exejecutivos de Graña y Montero para así “castigar” al grupo El Comercio por lo que consideraron que fue su papel en la derrota de Keiko en 2016.

Ni qué decir de la aplanadora puesta en marcha para sacar a Pedro Pablo Kuczynski de Palacio de Gobierno con el pretexto de sus asesorías a Odebrecht. Figari y Herz –y probablemente Silva Checa– estuvieron detrás de la celada de grabaciones subrepticias montada por el congresista Moisés Mamani. Ni entonces ni en los dos intentos de vacancia asomó el debido proceso.

Lo dice todo el chat del grupo La Botica, aparentemente filtrado por Reátegui, en el que la congresista Milagros Salazar llama “traidor” y “malnacido” al presidente Martín Vizcarra, apenas propone el referéndum en su mensaje del 28 de julio. Fue el momento en el que se volteó el partido.
FUENTE: Caretas