ORBITA HUAMALIANA

Domingo, 30 de set 2018
La Hermandad
EDITORIAL 
La lucha contra la corrupción en el país ha sufrido un duro golpe por parte del Congreso, que con los votos del fujimorismo rechazó la acusación contra el vocal supremo César Hinostroza de ser miembro de una organización delictiva, el núcleo del proceso contra la red de redes denominada ‘Los Cuellos Blancos’.

La decisión minimalista de la Comisión Permanente acuerda destituir e inhabilitar a Hinostroza por “haber cometido infracciones a la Constitución” bajo el argumento de que el informe acusatorio presentado por el legislador Oracio Pacori “resultaba ser muy débil en este extremo”; es decir, sobre su pertenencia a la red de crimen organizado ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y patrocinio ilegal, además de su destitución por 10 años, han sido estimados separadamente contra la jurisprudencia penal que los considera concurrentes y formadores de un delito mayor.
El blindaje de Fuerza Popular no es un acto de generosidad gratuita. Es, por encima de todo, una decisión orientada a evitar que sea juzgado este grupo en calidad de red criminal, y de ese modo eludir las investigaciones de sus conexiones, entre ellas las que atañen al Congreso y a la cúpula de Fuerza Popular, incluida la misma Keiko Fujimori.
La hermandad ha funcionado una vez más. Siendo conscientes de que cualquier salida protectora a Hinostroza no pasaba por una completa impunidad, tomando en cuenta el juicio severo de opinión pública, la mayoría parlamentaria ha escogido sancionarlo por los delitos más leves. De ese modo, se garantiza además que otros miembros de esa red se encuentren en prisión, pero no quien se presume ejercía su liderazgo.
La decisión de la Comisión Permanente, que probablemente sea confirmada por el Pleno, a tenor de las declaraciones de los voceros del fujimorismo, significa asimismo un duro golpe al Ministerio Público y al equipo de fiscales liderados por la magistrada Rocío Sánchez. Es muy perjudicial para los procesos en curso que una decisión política “le baje la llanta a la Justicia”.
Debe ser extremadamente decepcionante para los fiscales y jueces probos del país, que existen y batallan todos los días contra el delito, constatar que el Congreso adopta decisiones utilizando argumentos en favor de los investigados
Es obvio que, envalentonados con las conclusiones parlamentarias, estas personas soliciten un trato similar dispensado a Hinostroza.
Los argumentos posteriores de Fuerza Popular son inauditos y solo confirman un pacto de hermandad de un grupo político y una red ilegal de alta peligrosidad descubierta in fraganti. Uno de ellos reza, por ejemplo, que es mejor que las acusaciones sean leves para que el Estado no tenga que pagar luego indemnizaciones a los procesados, si es que los delitos son desvirtuados.
Si alguien quería pruebas fehacientes de que a la mayoría parlamentaba no solo no le interesa luchar contra la corrupción, sino que, además, se asocia a ella, tiene una de gran trascendencia.
FUENTE:La República