Esperan que China remedie daños sociales y ambientales ocasionados en Latinoamérica
Sofía Jarrín, responsable de la Secretaria Técnica del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente- CICDHA, habla sobre el impacto de las inversiones chinas en América Latina y cómo en el EPU China se evaluará sí el Estado cumple los convenios y tratados internacionales de derechos humanos..-
La sociedad civil ha expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las violaciones de derechos humanos por parte de empresas chinas en América Latina ¿Cuál es el objetivo?
R.- Sí, las organizaciones que conformamos el CICDHA, conversamos
con las Misiones Permanentes en la Pre-sesión de China, quienes
evaluarán a este país en su Tercer Examen Periódico Universal (EPU). La
expectativa es que se trasladen recomendaciones para mejorar la
situación de derechos humanos en proyectos mineros,
hidrocarburíferos y de infraestructura que son operados por empresas y subsidiarias chinas. Con ese objetivo, sostuvimos reuniones bilaterales con ocho misiones en Ginebra, además, conversamos con la asesora de la Relatoría de Pueblos Indígenas y delegados de la Oficina del Alto Comisionado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En estos encuentros, hablamos sobre los 18 casos que forman parte del informe regional y trasladamos nuestra preocupación sobre el impacto de las inversiones chinas a los pueblos indígenas y la vulneración sistemática de derechos colectivos, como la consulta previa, libre e informada y el derecho al territorio.
hidrocarburíferos y de infraestructura que son operados por empresas y subsidiarias chinas. Con ese objetivo, sostuvimos reuniones bilaterales con ocho misiones en Ginebra, además, conversamos con la asesora de la Relatoría de Pueblos Indígenas y delegados de la Oficina del Alto Comisionado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En estos encuentros, hablamos sobre los 18 casos que forman parte del informe regional y trasladamos nuestra preocupación sobre el impacto de las inversiones chinas a los pueblos indígenas y la vulneración sistemática de derechos colectivos, como la consulta previa, libre e informada y el derecho al territorio.
P.- ¿Por qué la necesidad de un Colectivo sobre inversiones Chinas, derechos humanos y ambiente?
R.- El Colectivo es una
iniciativa que agrupa a organizaciones de cinco países: Ecuador, Perú,
Brasil, Bolivia y Argentina; surge con la finalidad de establecer una
plataforma que permita visibilizar las diferentes violaciones a los
derechos humanos de los pueblos y las comunidades afectadas por
empresas y bancos chinos, pero también es un colectivo que se articula
para establecer puentes de diálogo y mecanismos de incidencia que
permitan canalizar al Estado chino la situación social y ambiental de
sus inversiones en América Latina.
En este sentido, a pesar que reconocemos
que el Estado chino cuenta con varios lineamientos socioambientales
voluntarios, la red de organizaciones que conformamos el Colectivo
evaluamos que la operación de sus empresas y sus bancos no cumplen con
la debida diligencia en materia de derechos humanos. Frente a esta
falencia, el EPU se convirtió en una oportunidad para canalizar estas
denuncias. Sobre todo teniendo en cuenta que todos los Estados Parte del
Sistema Universal de Derechos Humanos tienen obligaciones
extraterritoriales y que es preciso establecer mecanismos de evaluación
sobre su adecuado cumplimiento.
P.- Dentro de las
conclusiones del informe sombra se menciona que las empresas chinas
tienen un patrón de comportamiento en Latinoamérica…
R.- Las empresas chinas a
pesar de estar al tanto de la violación a los derechos mantienen sus
operaciones sin tener ninguna medida de resarcimiento a los afectados.
Cabe precisar que estas violaciones se dan de manera sistemática en
todos los casos que hemos analizado. Por ejemplo, de los 18 casos 15
afectan a territorios indígenas; prácticamente en todos ellos existen
elementos comunes como es la afectación al derecho al territorio, la
consulta previa y la criminalización de líderes y lideresas indígenas.
Es evidente que en estas inversiones no se están implementando
mecanismos de debida diligencia en todo el ciclo de un proyecto.
P.- ¿Qué expectativas tienen del Examen Periódico Universal que se realizará a China este 6 de noviembre?
R.- Aspiramos que las
delegaciones de los Estados que evaluarán a China, se animen a
recordarle a este Estado, que debe cumplir efectivamente con sus
obligaciones extraterritoriales y asumir la responsabilidad sobre el
impacto del financiamiento y la operación de sus empresas en América
Latina.
Sí esto se da, esperamos que el Estado
chino acoja nuestras recomendaciones y que las implemente en los
siguientes cuatro años y medio. De hecho, lo ideal sería que, a partir
de estas recomendaciones se logre ratificar el Convenio 169 de la OIT y
otros tratados internacionales que brindan garantías a los afectados en
torno a la promoción y respeto a los derechos humanos. Además,
consideramos necesario que el Estado chino establezca mecanismos de
queja, participación, consulta y acceso a la justicia.
P.- De los 18 casos que se analizan en el informe, casi la mitad corresponden a Ecuador ¿Cuáles son los casos más graves?
R.- Sí, Ecuador tiene el
mayor número de casos documentados sobre el impacto de inversiones
chinas. Por ejemplo, el proyecto minero Mirador, en 2015 desalojó
forzosamente a 32 familias (afectando a un total de 150 personas). Estos
desalojos se realizaron sin previo aviso y/o consulta. Además, este
proyecto está afectando la calidad de 227 nacederos de agua que
alimentan las vertientes que abastece a las comunidades del sector.
Asimismo, en el Proyecto San Carlos
Panantza también generó desalojos forzosos de la comunidad Nankints
y Tsuntsuim, militarizando el territorio y criminalizando a los líderes
indígenas.
Otro caso, son los Bloques 79 y 83, donde
no se realizó una consulta previa, libre e informada adecuada y se
vulneraron los derechos territoriales del Pueblo Kichwa de Sarayaku, la
Nacionalidad Shiwiar y Sápara. También, tenemos los Bloques 14, 16 y
62, que están ubicados en las inmediaciones del Parque Nacional Yasuní y
la Reserva de Producción Faunistica Cuyabeno. En este territorio
cohabitan los pueblos en aislamiento voluntario ‘Taromenane y Tagaeri’.
Lamentablemente por el crecimiento de las actividades extractivas,
especialmente las petroleras, estos pueblos se encuentran amenazados y
se los está forzando al contacto.
P.- ¿Estas poblaciones han denunciado al Gobierno ecuatoriano o las empresas por estas violaciones?
R.- Sí, por ejemplo, en el
caso Mirador y Río Blanco se han planteado medidas cautelares.
Recientemente, organizaciones de derechos humanos junto a las
comunidades afectadas han logrado resoluciones judiciales para detener
la operación de estos proyectos. En el caso del proyecto Mirador, el
proyecto está detenido en un 40%, sin embargo, todavía se mantiene el
hostigamiento a los comuneros por parte los militares, quienes junto a
la seguridad privada de la empresa amenazan a los comuneros de la
Parroquia de Tundayme. Por este tipo de acoso y violencia generalizada,
un Juez de la Unidad Judicial del Trabajoestá realizando una
investigación que busca clarificar los acontecimientos en torno a los
desalojos forzosos de 2015 y reparar a las víctimas.
P.- Ecuador ha concesionado áreas protegidas y territorios indígenas para garantizar crecimiento económico
R.- Lamentablemente en
América Latina y en Ecuador, los Gobiernos de turno han priorizado la
explotación de recursos naturales bajo un discurso basado en
desarrollismo y crecimiento económico, priorizando lo monetario frente
los derechos humanos de las comunidades afectadas y los derechos de la
naturaleza. La situación que se vive en la Cordillera del Cóndor y en la
Amazonía ecuatoriana en general, es el reflejo de lo que ocurre en
América Latina, sobre todo en lo que respecta a las afectaciones a los
pueblos indígenas que encuentran amenazados por las políticas
extractivistas que no brindan garantías para proteger sus derechos
colectivos.
En este contexto, es importante señalar que
además de exigir al Estado ecuatoriano estas garantías, las empresas,
las instituciones financieras, así como el Estado chino, tienen
responsabilidad sobre las violaciones que se comenten en otros
territorios.
FUENTE: Inforegión
FUENTE: Inforegión
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