ORBITA HUAMALIANA

Lunes, 13 de marzo 2017
 Contraloría inhabilita a 11 funcionarios de gestión de Luis Picón
Un funcionario trabaja en la Municipalidad Provincial de Huamalíes
   

Contraloría General de la República ha resuelto sancionar a 11 altos funcionarios del expresidente regional Luis Picón Quedo por dos casos específicos, mediante resolución firmada por José Asto Ynakufo, jefe del órgano de Procedimiento Administrativo Sancionador de la sede central de la Contraloría General de la República. En el primer caso se sanciona a ocho funcionarios por la comisión de infracciones graves y muy graves en la adquisición de 30 ambulancias para ser distribuidas en establecimientos de salud el año 2011, y en segundo lugar se sanciona a tres funcionarios por la irregular recepción de la obra de agua y alcantarillado de cinco localidades del distrito de Tantamayo, provincia de Huamalíes.

Las sanciones que impone la Contraloría General de la República son de inhabilitación para ejercer la función pública por un periodo de tiempo, la cual no exime de las denuncias penales que se interpondrá a los involucrados por el perjuicio ocasionado al Estado Peruano. Se conoce que varios de los funcionarios sancionados inclusive continúan ejerciendo función en el Gobierno Regional de Huánuco, Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, entre otras entidades.
Caso: adquisición de ambulancias
Se sancionó con cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública a Carlos Villegas Talledo (gerente regional de la oficina de Administración), Francisco Yalico Trujillo (director de la Oficina de Contabilidad) y Julio Gregorio Peña Quevedo (director de la oficina de Tesorería), además de dos años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública a Mauricio Zapata Rivera (gerente regional de Asesoría Jurídica), Edwin Becker Fernández Cotrina (jefe de Adquisiciones), Víctor Pedro Benjamín Pacheco Orbe (gerente general regional); Rogelino Guzmán Jiménez (director de la oficina de Logística y Servicios Auxiliares), y Jaime Dimas Céspedes Roldán (director de la oficina de Logística y Servicios Auxiliares).
En este caso la imputación es por haber autorizado un adelanto a pesar que en las bases del proceso en el numeral 3.7 del Capítulo III, suscripción del contrato se especifica “La entidad no otorgará adelantos”. Sin embargo al suscribir el contrato en la cláusula séptima se incluyó dicho adelanto, por lo cual la empresa Vehículos, Maquinarias y Equipos SAC (VEMAEQUIP S.A.C.), solicitó en julio de 2011 un adelanto inicial de S/1 678 380 soles por el que extendió la carta fianza correspondiente, pero hasta setiembre de 2011 se le concedió S/1 835 040 soles equivalentes al 32.80 % del monto total del contrato. Por esta diferencia de S/156 600 soles de adelanto no se extendió la carta fianza correspondiente.
Además otro cargo por las cuales se sancionó a los funcionarios, es porque las ambulancias fueron entregadas fuera del plazo de 30 días calendarios contados a partir de la emisión de la orden de compra, motivo por el cual debieron imponerse dos penalidades diferentes, uno de S/134 280 soles por los retrasos incurridos por el contratista en la adenda y la suma de S/89 520 soles por penalidades por el retraso de un contrato complementario por adquirir las ambulancias.
Caso: Recepción de obra en
Tantamayo
Se ha sancionado con cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública a Justo Abilio Cárdenas Presentación (ingeniero civil), William Chamolí Canturín (ingeniero agrónomo) y Zelma Victoria Bernal Malpartida (contadora) , presidente y miembros del Comité de recepción de la obra “Construcción y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de Tantamayo, Cayllarbamba, San Pedro de Pariarca, La Esperanza y Pampa Florida del distrito de Tantamayo, provincia de Huamalíes”. La sanción se justifica porque al momento de recibir la obra no advirtieron que el contratista no cumplió con todo lo especificado en el expediente técnico, lo que significa que la ejecución de las partidas se realizó de manera parcial, contraviniendo lo establecido en los planos, las especificaciones técnicas y el presupuesto contemplado en el expediente técnico.
En la resolución de Contraloría indica que se ocasionó una pérdida de S/143 436.64 soles por las partidas que no fueron ejecutadas y que afectó el servicio público de agua y alcantarillado de esos pueblos ubicados en la zona altoandina de Huánuco.
Dato. La resolución contiene 50 folios y en ella se detalla las faltas e irregularidades cometidas por cada funcionario público: Por cada funcionario se relata los hechos imputados, los descargos presentados por los administrados, los hechos acreditados, los alcances de la responsabilidad administrativa funcional y la ponderación de los criterios de graduación de la sanción a imponerse.
FUENTE: Ahora